Restricciones a las importaciones y exportaciones, cambios en las políticas comerciales y otras medidas forman parte de un plan de acción nacional emitido recientemente por la administración del Presidente Biden para promover una conducta empresarial responsable y la debida diligencia.
Según el plan, el gobierno estadounidense espera que todas las empresas lleven a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos (HRDD) a lo largo de sus cadenas de valor de acuerdo con estándares reconocidos internacionalmente, para hacer de la HRDD una parte integral de su toma de decisiones e incorporar la HRDD en sus sistemas de gestión de riesgos existentes. Las empresas también deberían implementar estándares sectoriales específicos que proporcionen métricas creíbles que midan de manera significativa el progreso en el impacto de las empresas en las personas a lo largo de las cadenas de valor. Según el plan, todas las empresas deben llevar a cabo la HRDD independientemente de su tamaño, sector, contexto operativo, propiedad o estructura, aunque la escala y complejidad o los medios que utilizan pueden variar. El plan incluye detalles específicos sobre lo que constituye la HRDD.
El plan también establece las medidas que las agencias federales estadounidenses planean tomar para ayudar a las empresas con sus esfuerzos de HRDD, señalando que si bien el sector privado ha aumentado la cantidad y calidad de su debida diligencia en los últimos años “la opacidad de las cadenas de valor, los desafíos asociados con la trazabilidad, la falta de orientación por parte de los gobiernos, los conflictos, y el débil estado de derecho en muchos de los países donde operan las empresas dificultan que las empresas lleven a cabo una diligencia debida eficaz.” Si bien algunas de estas medidas tienen como objetivo incentivar una conducta empresarial responsable, otras son de naturaleza más punitiva. Los aspectos más destacados se resumen a continuación.
- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EEUU (HSI) mejorarán el intercambio de información con el objetivo de aumentar el número de órdenes y hallazgos de retención, así como las investigaciones criminales sobre acusaciones de trabajo forzoso.
- CBP preparará una guía para dirigir la consideración proactiva, caso por caso, de suspensión e inhabilitación (que restringe a las agencias federales hacer negocios con entidades designadas) cada vez que CBP emita (1) una sanción por violaciones repetidas de la disposición legal 19 USC 1307 (con respecto a las importaciones de bienes fabricados mediante el trabajo forzoso) o leyes relacionadas, o (2) órdenes y hallazgos de retención contra entidades o individuos.
- El Departamento de Estado de EEUU, en coordinación con otras agencias, implementará controles de exportación, sanciones económicas, restricciones de visas y otras herramientas para promover la rendición de cuentas por parte de empresas y por abusos de los derechos humanos.
- El Departamento de Estado también promoverá la implementación del Código de Conducta de la Iniciativa de Derechos Humanos y Control de Exportaciones.
- La Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR) (1) llevará a cabo una revisión interinstitucional de las políticas y herramientas comerciales existentes utilizadas para combatir el trabajo forzoso para identificar áreas que puedan requerir ser fortalecidas o brechas que deban ser abordadas, y (2) utilizará esta revisión para establecer objetivos, prioridades, nuevas herramientas y elementos de acción clave para avanzar en el desarrollo de una estrategia comercial que aborde el trabajo forzoso.
- El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU convocará encuentros bianuales con partes interesadas sobre la implementación de la estrategia de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur para “mejorar su capacidad de responder a los aportes de las partes interesadas externas.”
- El Departamento de Trabajo de EEUU (DOL) asignará su lista de bienes producidos mediante trabajo infantil o forzoso a códigos de servicio de productos e información del país para aumentar el uso de la lista por parte de la fuerza laboral de adquisiciones federal.
- El DOL financiará un proyecto para mejorar la implementación de sistemas de cumplimiento social impulsados por los trabajadores (probados en el sector del aceite de palma de Indonesia) que promueven los derechos laborales fundamentales y las condiciones de trabajo aceptables, incluida la eliminación del trabajo forzoso, en las cadenas de suministro.
- El DOL desarrollará un repositorio central en línea de orientación, herramientas y recursos de agencias federales para facilitar e incentivar la adopción de modelos y prácticas eficaces de responsabilidad corporativa relevantes para los resultados asociados con los derechos laborales en las cadenas de suministro empresariales.
- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU trabajará con otras partes para desarrollar y poner a disposición un conjunto de herramientas específicas del sector (por ejemplo, capacitación en línea, recomendaciones, políticas modelo y un portal de recursos) para prevenir el trabajo forzoso, la trata de personas y otras actividades relacionadas en las cadenas de suministro de los sistemas de salud y las instituciones de salud pública estadounidenses.
- El Departamento de Estado liderará los esfuerzos federales para desarrollar nuevas directrices más allá de los derechos laborales, como directrices de diligencia debida para inversores que estén considerando invertir en tecnologías que podrían permitir o exacerbar los abusos contra los derechos humanos y asesoramiento empresarial para empresas, inversores y otras partes interesadas que hacen negocios o participan en transacciones que involucran países, regiones o sectores específicos con mayor riesgo en el área de los derechos humanos.
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